Campaña: Niños de vuelta a casa

Apoya, firma, difunde esta campaña: NIÑOS DE VUELTA A CASA CON SUS FAMILIAS.

NIÑOS DE VUELTA A CASA CON SUS FAMILIAS: CAMPAÑA CONTRA LA RETIRADA DE LA TUTELAS DE HIJOS A LOS PADRES EN ESPAÑA.

NO MÁS FAMILIAS ROTAS POR LOS PODERES PÚBLICOS Y ADMINISTRACIONES EN ESPAÑA POR

RETIRADAS INJUSTAS DE LA TUTELA A LOS PADRES Y DECLARACIONES DE DESAMPARO ABUSIVAS CON LAS QUE SE SEPARAN A LOS  HIJOS DE SUS PADRES Y FAMILIAS INDEFENSAS EN PROCESOS SIN GARANTÍAS.

PARA LA RECUPERACIÓN DE NIÑOS INJUSTAMENTE SEPARADOS DE SUS PADRES Y FAMILIAS DE ORIGEN, POR LA VUELTA A CASA CON SUS FAMILIAS DE LOS NIÑOS TUTELADOS Y EN PODER  INSTITUCIONES. 

FIN A LAS TUTELAS ABUSIVAS DE MENORES QUE DESTRUYEN FAMILIAS, VIOLAN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS TUTELADOS Y SUS FAMILIAS.

El sistema de protección de menores español de acogida en centros y procedimientos de retirada de guarda y tutela a los padres y otros abusos viola los Derechos del Niño, los Derechos Humanos y la Constitución Española.

CAMPAÑA NO MÁS FAMILIAS ROTAS POR LOS PODERES PÚBLICOS Y ADMINISTRACIONES

PARA RECUPERAR NIÑOS SEPARADOS INJUSTAMENTE DE SUS PADRES Y FAMILIAS DE ORIGEN, POR LA VUELTA A CASA CON SUS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y MENORES TUTELADOS Y EN PODER DE INSTITUCIONES ESPAÑOLAS.

– NO MÁS FAMILIAS ROTAS POR LOS PODERES PÚBLICOS Y ADMINISTRACIONES EN ESPAÑA POR

RETIRADAS INJUSTAS DE LA TUTELA CON LA SEPARACIÓN DE NIÑ@S DE SUS PADRES Y FAMILIAS INDEFENSAS ANTE DECLARACIONES DE DESAMPARO EN PROCESOS SIN GARANTÍAS.

– NO A LA DESPROTECCIÓN DE FAMILIAS NI A LA SEPARACIÓN INJUSTA DE NIÑOS DE SUS PADRES Y/O FAMILIARES POR CAUSA DE LA RETIRADA ABUSIVA DE LA TUTELA DE NIÑOS A SUS PADRES Y OTROS PARA  ENTREGARLOS EN ACOGIDA A CENTROS DE MENORES O A OTRAS FAMILIAS. UN TIPO DE INTERVENCIÓN Y DE INTROMISIÓN, POR UN SUPUESTO INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS «LEGALMENTE» ARRANCADOS DE SUS FAMILIAS Y DE SUS CASAS, QUE PONEN DE MANIFIESTO FLAGRANTES MUESTRAS DE MALTRATO INSTITUCIONAL BASADAS EN RETIRADAS ABUSIVAS INJUSTAS DE LA TUTELA DE LOS HIJOS A SUS PADRES CON FALSOS INDICADORES DE RIESGO Y DE DESPROTECCIÓN EN BASE A FALSOS INFORMES, MALAS PRÁCTICAS DE SERVICIOS SOCIALES Y OTROS ABUSOS DE FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS, ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y CONSTITUTIVOS DE RACISMO INSTITUCIONAL, RACISMO Y OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONEXAS, EN UNA AUSENCIA MANIFIESTA DE FALTA DE COMPROMISO Y DEJACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS CON NUMEROSAS FAMILIAS ABOCADAS A LA DESPROTECCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN A TRAVÉS DE SUS «INDICADORES DE RIESGO Y DE DESPROTECCIÓN» QUE CONTRA ELLAS CONFECCIONAN ESOS MISMOS PODERES PÚBLICOS QUE LAS IGNORAN, NO ATIENDEN NI APOYAN EN CLARO INCUMPLIMIENTO Y CON DEJACIÓN DE DEBERES DE VELAR Y GARANTIZAR LA DEFENSA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES, FUNDAMENTALES Y HUMANOS QUE PROTEGEN A LOS NIÑOS Y A LA FAMILIA, POR NO EVITAR NI INTERVENIR PARA PREVENIR LA SEPARACIÓN DE HIJOS Y MENORES DE SUS PADRES Y FAMILIA DE ORIGEN CONSTITUYEN MUESTRAS DE MANIFIESTOS INCUMPLIMIENTOS POR LOS MISMOS PODERES PÚBLICOS Y ADMINISTRACIONES QUE NO DUDAN EN RETIRAR INJUSTAMENTE LOS NIÑOS A SUS PADRES Y DE SUS FAMILIAS.

Campaña para denunciar y protestar contra los abusos de los Poderes Públicos contra la infancia, y apoyar a organizaciones y asociaciones y la lucha contra esos abusos, la defensa de los Derechos Humanos y fundamentales  de la infancia y la familia, denuncia con el objetivo de mostrar indignación y repulsa contra los abusos que se cometen desde la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y el Poder Judicial contra la infancia por

abusos de los Servicios Sociales que injustamente retiran la tutela de niños que arrebatan a sus familias mediante informes falsos por sus Equipos Psicosociales, malas prácticas de técnicos y funcionarios junto a otras irregularidades y abusos que nutren el negocio legalizado de tráfico de niños y en torno a la tutela de menores, centros de menores tutelados, Residencias de Acogida Concertadas y Adopciones, y otros abusos consumados en España por un sistema de protección de menores que no es tal, y que no protege a los niños en vista de lo que ocurre a traves de medidas como el acogimiento  de menores en centros y procedimientos de retirada de la tutela a los padres y otros abusos causas de numerosas denuncias, que vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española, viola los Derechos del Niño y los Derechos Humanos. Un sistema legal de protección de menores en cuestión y objeto de denuncias por activismo y organizaciones de lucha contra esos abusos, por la defensa de los Derechos Humanos y derechos fundamentales de niños, la infancia y la familia, por considerar tales abusos propios de un sistema legal de protección de menores que resulta una amenaza en  Europa y en toda España, donde a diario aplicar la Ley de Protección Jurídica del Menor de 1996 actualizada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, lejos de ser una ley garantista y con fines preventivos, es cobertura legal al abuso de poder administrativo que deja indefenso al ciudadano, privándole de derechos fundamentales y humanos, a pesar de su pretendido principio rector, el “interés superior del menor”, sometido a la interpretación arbitraria de funcionarios alejados de dicho interés y más aún al de las familias. Declarar en desamparo a menores es convertido en un acto administrativo con el que se priva a las familias de un juicio justo, de la capacidad de ser oídos, de acceder a los informes, de defenderse con asistencia letrada, de presentar peritajes, pruebas y testimonios alternativos, se les priva de la presunción de inocencia, del “in dubio pro reo”, del “habeas corpus”, en definitiva, de las garantías propias de un proceso legal.

Quedando los menores y sus familias, en manos de peritos y funcionarios de Servicios Sociales, reducidos a meros expedientes desprovistos de humanidad, repletos de juicios morales subjetivos, sin pruebas fehacientes que los sustenten. Un sistema que despilfarra recursos públicos, ignora la aplicación de las leyes y las directrices técnicas de las que la propia administración se dota. Abusos puestos de manifiesto por informes que ignoran los responsables políticos. Que hace de la realidad y alarma social de las retiradas injustificadas de menores que apuntan a una administración que no responde por sus propias actuaciones arbitrarias ni por cómo dejan a las familias afectadas por esta violación de sus derechos y dignidad con semejantes prácticas diarias de los Servicios Sociales en España, contraviniendo a la propia Ley del Menor, disposiciones sobre las madres y los padres, que deben ser escuchados, participar de las decisiones que se adopten en la intervención, algo que no ocurre por decisiones unilaterales,  auténticos juicios morales culpabilizadores y sancionadores contra progenitores, madres, padres, familias biológicas y de origen, en los que no se juzgan sólo hechos (en la mayoría de casos sin pruebas), sino informes que sancionan a los progenitores doblemente, con una doble indefensión: legal y psicológica. Unido a malas prácticas por las que anécdotas son convertidas en norma y patrones de conducta, delaciones y denuncias falsas o anónimas en prueba, toda defensa considerada rebeldía y tomada por amenaza a funcionarios o falta de colaboración. Todo ello acompañado de abuso de fuerza en forma de patadas en la puerta de policías armados para arrancar a niños de los brazos de sus madres, incluso en el paritorio, por motivos como delaciones de vecinos, en la propia familia o de excónyuges según los casos, en base a una creencia ciega en la bondad de servicios de protección de menores, de los Servicios Sociales y silencio cómplice mediático que se hacen eco de propaganda política de inauguración de instalaciones y anuncios de más fondos,  presentada como protección de menores y a la familia con fotografías besando niños que en realidad son un despilfarro,  que en la práctica no se usan para las familias a las que retiran los niños, unido a la apelación a la solidaridad de las familias acogedoras ignorantes en unos casos, en otros cooperadores necesarios o cómplices con un sistema de protección de menores perverso que no protege a los niños, sino que destruye familias con la retirada sistemática y abusiva de tutelas, causa de la separación forzosa de niños de sus familias, acogida residencial y familiar, destinando unas cantidades anuales entre 70.000 € a 90.000 € euros, o hasta unos 4.000 € euros o más al mes, que en su mayoría van a parar a fundaciones, ONGs y otros privados, que dan paso a adopciones a la carta por cifras de hasta 50.000 € euros; todo un negocio corrupto nutrido con fondos públicos con los que cargan todos los ciudadanos, incluidas las sanciones por condenas a España por graves violaciones a los derechos humanos y fundamentales en casos de protección de menores, con víctimas y familias que apenas son indemnizadas ni reparadas por las autoridades implicadas responsables de los abusos. Con un balance de miles de familias destrozadas por este sistema de protección de menores que no es tal y no protege a los niños y menos aún a sus familias, que pretenden actuar en el interés superior del menor causando daños irreparables a niños y familias.

Urge un cambio inmediato ya sea por casos sonados por su gravedad o alarma social por activismo de organizaciones y movilizaciones causa de la aparición en medios de comunicación. Frente a una tímida jurisprudencia condenatoria ante a una justicia lenta que aunque las víctimas de este sistema puedan recurrir y pleitear contra la Administración, pueden acabar viéndose envueltas en otra pesadilla en la que no sólo se les priva de sus hijos, de su dignidad, de su tiempo, de su salud, privados también de sus ahorros unido a los perjuicios del paso del tiempo mientras cada día que pasa, cada mes, cada año, sus hijos siguen separados, en centros que son jaulas doradas o escuelas de delincuencia, o en familias de acogida que garantizan la ruptura de los vínculos naturales con sus progenitores. Y respecto al amparo en la Administración de Justicia, en el mejor de los casos el recurso a una resolución de desamparo por la que a una familia se le quitan sus hijos, llega a tardar un año en resolverse y si se recurre la sentencia, hasta dos años

Click aqui